La adjudicación con
ayudas -generosas ayudas- del Banco de Valencia a Caixabank ha bloqueado la
reconversión de los bancos nacionalizados, justo ahora en que (martes 11) han
llegado los 39.000 millones de créditos blandos de la ayuda europea para Bankia,
Catalunya Banc (CX) y Novagalicia Banco (NGB).
Y es que Caixabanak
exigía que, tras deglutir sin ayudas a Caixa Girona y, sobre todo, a Cívica,
también merecía su premio, tal y como habían recibido el Sabadell con la CAM y el BBVA con Unnim (por
no hablar de las ayudas de Liberbank para hacerse con CCM, etc.). Para ser
exactos, el único banco absorbente que no ha recibido ni un euro de ayudas
públicas ha sido el Popular, que adquirió el Pastor y que se ha visto obligado
a una dificilísima ampliación de capital y a vender
activos.
De entrada, el Santander,
como ya hemos informado, no quiere una subasta de CX sino Esquema de Protección
de Activos (EPA). Lo mismo dice el Sabadell y Kutxabank, otros dos postores.
Luego está el caso
de Novagalicia (NGB). El ministro de Economía Luis de Guindos (en la imagen),
es partidario de permitir a José María Castellano, el presiente del banco
gallego, de obtener inversores, mientras que el FROB apuesta por la subasta
inmediata. Castellano lleva negociando con fondos norteamericanos desde hace
meses. El objetivo es conseguir 1.000 millones de euros, con cinco
fondos que se repartan la participación de control. Ahora bien, los
fondos valoran el banco entre un 30 y un 40% de su valor en libros tras la
reconversión y, condición imprescindible, que el Estado, es decir, el FROB, no
controle la gestión de la entidad. Al parecer, se fían más de Castellano.
Son condiciones
duras pero De Guindos opina que todo el capital que se pueda sacar de los
fondos es algo que se ahorra el Estado. El FROB, por contra, quiere la subasta
inmediata.
Pero hay más: ya
una vez transferidos los créditos de la Troika, el principal problema para culminar el
saneamiento bancario estriba en solucionar el asunto de las preferentes. Bankia
ha marcado el camino, con un descuento del 39% que los preferentistas no
parecen dispuestos a aceptar.